MOVIMIENTO ASOCIATIVO

SCA, desde los orígenes del movimiento asociativo, ha contribuido directa y constantemente al desarrollo, en el ámbito jurídico, de la integración de la persona con discapacidad, especialmente la intelectual, a través de su asesoría al movimiento Plena Inclusión. Desde su conocimiento de este movimiento asociativo, apoya, gestiona y ofrece soporte jurídico a todos aquellos movimientos o iniciativas sociales que se quieran asociar para fines de apoyo, promoción y desarrollo a la discapacidad.

INCLUSIÓN LABORAL

SCA es un especialista cualificado en el campo de la discapacidad, en el desarrollo normativo y convencional de un marco jurídico dirigido a la consecución de la igualdad laboral y social de la persona con discapacidad a través de las distintas fórmulas de integración laboral: empleo protegido, enclaves laborales, empleo ordinario, cuota de reserva, etc; su compromiso y dedicación al sector le ha llevado, con su asesoramiento a organizaciones asociativas (federaciones y confederaciones), patronales y entidades, a contribuir o sumar, desde su aportación, para ir avanzando hacia ese objetivo de plena inclusión de la persona, a la progresiva implantación de la Convención de Derechos Humanos de estas personas y a su reconocimiento como Ciudadanos de Pleno Derecho.

RELACIONES CON LA ADMINISTRACION

En este contexto y relacionado con las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, son esenciales las relaciones con la administración pública; en el plano jurídico, SCA ofrece una amplísima experiencia en este ámbito, especialmente en todo lo relativo a expedientes de subvenciones, justificaciones de gasto, programas, etc… donde cuenta con notables éxitos tanto en vía administrativa como ante la jurisdicción contencioso-administrativo en expedientes de reintegro y similares.

PERSONA Y DEPENDENCIA

Junto a los aspectos organizativos, públicos y de empleo, el despacho atiende también el ámbito privado de la persona, su desarrollo y protección jurídica en la esfera del derecho civil (incapacitación, tutela y curatela, limitaciones a su capacidad, derecho al voto, etc.); en el ámbito más asistencial, desde el reconocimiento de la situación de dependencia a la declaración de incapacidad o al retiro profesional (pensión de jubilación, compatibilidad con otras pensiones, envejecimiento prematuro y rendimiento laboral, etc.).

Igualmente aporta asesoramiento específico en medidas de protección de la persona y de previsión de su futuro para cuando falten sus familiares, a fin de dejar dotadas a las personas con discapacidad de un nivel de protección adecuado a su situación particular, mediante medidas preventivas a establecer vía testamentaria, mediante contratos específicos a suscribir en vida de los familiares que las atienden, patrimonio especialmente protegido, etc.